Las legisladoras Cristina Uría y Daniela Agostino (ACD) presentaron un proyecto de ley para poner en marcha un Sistema de Seguridad Hospitalaria que brinde al personal hospitalario las condiciones de seguridad adecuadas para el desenvolvimiento de sus tareas.
El sistema incluye la seguridad de los bienes destinados a la atención de la salud pública que se basará en un protocolo de actuación destinado a los agentes de la policía provincial que se asignen para resguardar la seguridad en los establecimientos sanitarios.
Los agentes policiales que sean asignados al Sistema de Seguridad Hospitalaria, deberán recibir la capacitación específica a fin de poder realizar el adecuado cumplimiento de su función de prevención y control de la violencia contra el personal y los bienes del servicio hospitalario.
Según proponen las autoras de la iniciativa, los centros hospitalarios deberán equiparse con cámaras de seguridad y monitoreo, sensores en puertas, botón antipánico y todos aquellos elementos que se consideren necesarios para desarrollar las tareas de prevención y control de la seguridad pública.
Manifiestan en los fundamentos que “la sociedad argentina en general y por ende también la rionegrina, está atravesando en los últimos tiempos graves problemas en cuanto a la integridad física de las personas y sus bienes asi como en la seguridad misma de la vida” y ponen de relieve “el sostenido crecimiento del delito, en especial hechos delictivos con violencia que paulatinamente dejan de ser excepcionales para tornarse en preocupantes hechos cotidianos”.
Por tal motivo expresan que “garantizar la seguridad pública es una tarea indelegable del Estado” de lo que resulta “indispensable una política pública que la aborde en el mediano y el largo plazo, haciéndose también imprescindible” ejercer, en el corto plazo, una acción política para atender los innumerables hechos “que afectan día a día a la ciudadanía e instituciones públicas”.
Según datos de organismos internacionales, que las legisladoras citan en los argumentos del proyecto, “el equipo de salud está expuesto cuatro veces más a hechos de violencia si se lo compara con otras profesiones o actividades”.
Agostino y Uría entienden que “no existe una estrategia universal para prevenir la violencia puesto que los factores de riesgo varían en los distintos sectores de trabajo. Esto pasa porque hay agresión en toda la sociedad y el hospital público es una institución social clave, máxime si se tiene en cuenta que funciona con una modalidad de guardia de 24 horas de atención los 365 días del año”.
“Las agresiones cometidas por pacientes y familiares contra los profesionales de la salud, son cada vez más graves en la Argentina. Hasta hace algunos años el equipo de salud era insultado, hoy es empujado, golpeado y amenazado con armas blancas y de fuego”, puntualizan las parlamentarias.
Agregan que “los agentes de salud más afectados son los que atienden por guardia y los que salen en las ambulancias, pero también hay ataques en los consultorios y hacia el personal que tiene contacto directo con los pacientes, como así también el riesgo puede afectar a los usuarios que concurren a la institución”.
La provincia de Río Negro “no es ajena a esta problemática. Los medios periodísticos reflejan la realidad en materia de hechos de inseguridad en los hospitales, los que se ven sensiblemente aumentados durante los fines de semana cuando el consumo de alcohol y otras sustancias se acrecienta” y los agentes de salud se ven involucrados en reacciones violentas de las personas que acuden a las guardias.