Presentaron en el Parlamento rionegrino un proyecto de ley para crear la “Comisión Especial de Redacción del Proyecto de Régimen Penal Juvenil”, que funcionaría en el ámbito de la Comisión de Asuntos Sociales de la Legislatura.
La Comisión debería elaborar la propuesta de Régimen Procesal Penal Juvenil en el plazo de 6 meses. Se integraría con tres legisladores pertenecientes a las comisiones de Asuntos Sociales y de Cultura y Educación, un representante del Ministerio de Desarrollo Social, uno de cada una de las universidades nacionales en su área de incumbencia, y representantes de las organizaciones reconocidas por su involucramiento en políticas de protección de Niños, Niñas y Adolescentes. También podría convocar a expertos y especialistas en el carácter de asesores para la elaboración del proyecto.
Los recursos necesarios para llevar a cabo la tarea serían imputados al presupuesto del Poder Legislativo del periodo 2015, autorizándose al Presidente de la Legislatura a la adecuación de partidas para tal fin.
La iniciativa es de Susana Diéguez, Silvia Horne, Alejandro Marinao, César Miguel y Martín Doñate, quienes plantean que la Reforma del Proceso Penal en la Argentina importa un contexto de adecuación y transformación de instituciones sobre la base de la experiencia histórica, la reflexión teórica y la recepción de nuevos paradigmas, con el objetivo de fortalecer el Estado de Derecho y la Democracia.
Fundamentan que las formas y los procedimientos en que se ejecuta la respuesta punitiva desde el Estado en tanto titular del monopolio de la fuerza pública, merecen la revisión y actualización de viejas instituciones y la proyección de nuevos instrumentos y normativas especiales, como es el caso del régimen penal juvenil.
“Estas transformaciones no han sido sino posibles luego de décadas de desarrollo de conceptos, marcos normativos locales, nacionales e internacionales, instrumentos de política publica y fundamentalmente de la maduración de un debate en el seno de la sociedad Argentina”, señalan.
Coinciden en que hoy existe un amplio consenso alrededor de la necesidad de instrumentar un régimen penal juvenil, sostenido sobre la base del principio de especialidad establecido en las convenciones internacionales sobre la materia, e incorporados a nuestra Constitución Nacional, ratificados luego en la legislación nacionales y provincial.