El legislador Leandro Tozzi (FpV) presentó un proyecto para crear un Juzgado de Primera Instancia, con competencia en materia de Instrucción Penal, en la Segunda Circunscripción Judicial, con asiento de funciones en Choele Choel y jurisdicción territorial en los departamentos de Avellaneda y Pichi Mahuida.
“Nos encontramos con que un solo Juzgado de instrucción debe cubrir las investigaciones penales por la posible comisión de ilícitos en Pomona, Lamarque, Luis Beltrán, Choele Choel, Darwin, Coronel Belisle, Chimpay, Chelforó y Rio Colorado”, señala Tozzi en los fundamentos de la iniciativa.
Según plantea, las estadísticas han demostrado un notable incremento en la cantidad de causas ingresadas, llegando a registrarse en el año 2013 el ingreso de 1.560 causas. Un 36% más que las ingresadas tan sólo 3 años atrás.
El parlamentario sostiene que este incremento hizo que el cúmulo de tareas llevadas a cabo por el Juzgado de Instrucción n°30, sumado a la complicación y trascendencia social de muchas de sus investigaciones, ha derivado en numerosas inspecciones y auditorías, que arrojaron como resultado serios atrasos y demoras en el servicio de justicia.
Tozzi advierte que no es un dato menor que este organismo sea uno de los Juzgados de Instrucción al que más causas ingresan anualmente. “En efecto, de los 12 Juzgados de Instrucción que actualmente se encuentran en funcionamiento en Río Negro, el n°30 se posiciona en el tercer puesto de los juzgados que más actuaciones han recibido para su tramitación durante el último año. Asimismo, este dato cobra mayor relevancia si además consideramos que en el último año sólo se archivaron 15 expedientes y 56 fueron elevados a juicio”.
“En tal sentido, si comparamos dicha información con la registrada por el Juzgado de Instrucción n°12 de General Roca, que archivó 175 y elevó a juicio 200, o el Juzgado n° 2 de Viedma, que archivó 338 y elevó a juicio 138, no podemos menos que alarmarnos, ya que dicho dato de alguna manera operaría como indicador de que la cantidad de causas en trámite y sin resolución se incrementa sensiblemente año tras año. Tal es así, que hoy el número de causas en trámite con diferente grado de actividad supera los 2000 expedientes”, señala el legislador.
Otro motivo de gran relevancia que impulsa la presente iniciativa, según Tozzi, se relaciona con la posibilidad que tendrían los funcionarios judiciales y empleados de ambos juzgados de instrucción de cubrir las posibles vacancias temporales que se generarían por el usufructo de las distintas licencias que la ley tiene previstas. El legislador advierte que actualmente, debido al cúmulo de tareas y sobrecarga laboral, resulta casi imposible para el personal del Juzgado de Instrucción n° 30 poder gozar de los descansos que la ley les confiere, circunstancia la cual indefectiblemente ha derivado en condiciones laborales perniciosas que a largo plazo terminan afectando de manera significativa la correcta prestación del servicio.
“Este dato no es nuevo -apunta Tozzi-, en el año 2003 todos los empleados presentaron certificados por cansancio psicológico al mismo tiempo durante un mes seguido. Asimismo, en el año 2005 un juez presentó un certificado médico que le confería 50 días de licencia por razones psicológicas y posteriormente se le otorgó una licencia médica de un año”.
“Por otra parte -agrega-, desde el año 1994 a la fecha han asumido la titularidad o subrogancia del juzgado n°30 un total de 8 magistrados”.
Todo ello también se refleja en lo poco atractivo que las vacantes de dicho Juzgado se vuelven para los profesionales. Tal es así, que el último concurso fue declarado desierto.
Otra particularidad que atenta contra el normal funcionamiento de los juzgados de la región, según el legislador, es el de las subrogancias por parte de jueces que no son especialistas en la materia. “Sabido es que durante mucho tiempo el juez a cargo del juzgado n°31 ha subrogado el penal n°30 y viceversa, circunstancia ésta que va en desmedro de la especialidad en la materia que necesariamente debe existir en los magistrados actuantes”.
Tozzi sostiene que la situación descripta conlleva a la saturación misma de todo la justicia local. Además plantea que “la excesiva duración promedio de los litigios se traduce en una vulneración de principios, derechos y garantías establecidos en nuestra Constitución provincial ya que, pese al denodado esfuerzo que se realiza día a día, los resultados obtenidos no se condicen con el servicio de justicia que debe garantizarse a los ciudadanos, especialmente en la resolución de asuntos de alta sensibilidad social que afectan la tranquilidad y bienestar general”.
“Asimismo -añade-, resulta inaceptable que un vecino víctima de un ilícito penal observe impávido como la demora en la adopción de medidas tendientes a esclarecer el entuerto, terminan licuando el interés propio y colectivo en la resolución de su conflicto”.