Jorge Ocampos y Daniela Agostino (AFPIR) presentaron un proyecto de ley en la Legislatura provincial para crear la Auditoría General Independiente de la Policía de Río Negro. Se trata de formar un organismo externo y autónomo de la institución policial y del Poder Ejecutivo provincial, que funcione en el ámbito del Ministerio Público Fiscal.
Jorge Ocampos, uno de los autores de la iniciativa.
Se busca que la Auditoría realice un seguimiento y control de las conductas de la policía rionegrina e impulse las acciones administrativas o judiciales necesarias cuando no se ajusten a las leyes.
Para llevar adelante esta tarea, el organismo podrá recibir denuncias o actuar de oficio en investigaciones, requerir o requisar documentación policial, interrogar a efectivos policiales, hacerse presente en cualquier dependencia policial, efectuar los peritajes que considere necesarios, solicitar el auxilio de cualquier fuerza pública ajena a la Policía, requerir por vía judicial la autorización para efectuar seguimientos telefónicos o tecnológicos, exigir el apartamiento de efectivos policiales.
La iniciativa propone que el Auditor General sea designado por la Legislatura provincial, con mayoría especial de los dos tercios de sus miembros previo Concurso Público, convocado por la comisión Interpoderes de Seguridad.
Los legisladores afirman que el vínculo entre la Policía y el Pueblo debe basarse en la confianza, pero la confianza no puede ser una cuestión de fe, sino que debe construirse sobre la base de la transparente evidencia de las conductas y las prácticas correctas.
Asimismo, señalan que la Fuerza policial, como depositaria de un poder tan grande, está obligada a rendir cuentas al pueblo que se la delegó y, a su vez, el mismo pueblo tiene el deber de controlarla, a través de sus representantes.
Agostino y Ocampos expresan que la seguidilla de graves hechos ocurridos en la Provincia ponen en seria duda la conducta de nuestra policía, y consideran que los mismos agentes son rehenes hoy del sistema y pagan el mismo precio del desprestigio social colectivo por los actos de corrupción de algunos de sus compañeros.
En este sentido, consideran que no son suficientes los mecanismos de autocontrol y autorregulación, y asumen que “es urgente revertir esta situación y crear los mecanismos legales para abrir, iluminar y descorrer los velos institucionales.”