La legisladora Susana Diéguez (FpV) presentó un proyecto de ley para crear la comisión de trabajo por la reconstrucción de la identidad, que estaría integrada por la Secretaría de Trabajo y por la Secretaría de Derechos Humanos, dependiente del Ministerio de Educación y Derechos Humanos de la Provincia.
El cuerpo tendrá como objeto la reparación documental que permita la inscripción de la verdad histórica respecto de la auténtica causal de cese de la relación laboral en los legajos de los trabajadores residentes en Río Negro que fueron detenidos, desaparecidos o asesinados por acción del Terrorismo de Estado entre 1955 y 1983.
En los fundamentos, Diéguez explicó que la iniciativa se enmarca en una política nacional que desde el año 2003 se viene llevando adelante con la decisión de restituir Memoria, Verdad y Justicia en relación a las violaciones de los derechos humanos sufridos en el país. El decreto presidencial convoca a las entidades sindicales del Sector Público y a los Organismos de Derechos Humanos a colaborar en la identificación de los trabajadores estatales víctimas del Terrorismo de Estado.”
Destacó además la importancia de que el Estado Rionegrino incorpore iniciativas en el mismo sentido, con el objeto de “generar las acciones de reparaciones consecuentes y asegurar la verdad a registrar en la memoria colectiva, mediante la adecuada documentación y testimonio de las circunstancias en que tuvieron lugar tan graves acciones y sus consecuencias”.
Si del resultado del análisis de la Comisión surgiera que en los legajos laborales de los trabajadores se constata que el motivo de la finalización de la relación laboral hubiese sido consignada como “baja”, “cesante”, “suspendido”, “abandono de tareas”, “limitar los servicios” y “despido”, se procederá a la inmediata reparación documental, debiendo rectificarse con la leyenda: “La verdadera causal de baja, cesantía, suspensión, despido o limitación de los servicios (según corresponda) fue desaparición forzada como consecuencia del accionar del Terrorismo de Estado”.
Se propone como autoridad de aplicación a las máximas autoridades de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial de la Provincia.
Además, se prevé que el Ministerio de Educación y Derechos Humanos de Río Negro haga público el listado de los legajos rectificados a través de su página oficial y por los medios de comunicación que se consideren apropiados.