El legislador Marcelo Mango (FpV) presentó un proyecto de ley para crear la Secretaría de Control Policial de Río Negro, que funcionaría en el ámbito del Ministerio de Seguridad y Justicia y sería integrada por la Auditoría de Asuntos Internos, el Tribunal de Disciplina Policial y la Defensoría del Policía de Río Negro.
Según el proyecto, la Secretaría tendría como funciones velar por el cumplimiento de leyes, reglamentos y disposiciones de la Policía, ordenar la instrucción de las actuaciones sumariales cuando le fueren requeridas y designar por sorteo un defensor letrado integrante de la Defensoría del Policía cuando el imputado no ejerza la facultad de la asistencia letrada.
El organismo tendría facultades para dictar la disponibilidad preventiva o la desafectación del servicio del o los encausados a petición de la Auditoría de Asuntos Internos en el marco de actuaciones sumariales.
También se encargaría de designar por sorteo auditores sumariales e inspectores ad hoc cuando circunstancias especiales y urgentes lo justifiquen; de establecer o determinar los procedimientos de auditoría e inspecciones preventivas; y de efectuar la programación anual de las auditorías e inspecciones preventivas.
La Secretaría sería dirigida por un funcionario civil sin estado policial, designado por el ministro de Seguridad y Justicia, y el el Ministerio de Seguridad y Justicia establecería su organización y funcionamiento y la dotaría con personal civil idóneo para el cumplimiento de sus funciones.
Por su parte, la Auditoría de Asuntos Internos de la Policía de Río Negro tendría como función prevenir conductas del personal de la institución con estado policial que pudiesen constituir faltas disciplinarias graves o muy graves.
También se ocuparía de identificar las conductas del personal de la institución con estado policial que pudiesen constituir falta disciplinaria grave o muy grave e instruir los sumarios administrativos correspondientes e investigar las referidas conductas, colectando pruebas, comprobando los hechos y las circunstancias tendientes a calificarlas e individualizar a los responsables de las mismas.
Otra de las funciones sería acusar al personal policial responsable de la falta disciplinaria grave o muy grave cuando hubiere indicios fehacientes y concordantes, o semiplena prueba, ante el Tribunal de Disciplina Policial a los efectos de su juzgamiento.
Además, se encargaría de denunciar ante la autoridad judicial competente la posible comisión de los delitos cometidos por el personal policial que fuesen conocidos en el ejercicio de sus funciones.
La Auditoría también sería dirigida por un funcionario civil sin estado policial, designado por el Ministro de Seguridad y Justicia, y el Ministerio de Seguridad y Justicia se encargaría de su organización y su funcionamiento y de dotarla con personal civil idóneo para el cumplimiento de sus funciones.
En cuanto al Tribunal de Disciplina Policial, funcionaría para juzgar administrativamente al personal policial acusado por la Auditoría de Asuntos Internos de ser responsable de la comisión de falta disciplinaria grave o muy grave, asegurando el debido proceso y el carácter contradictorio del mismo.
Además, debería aplicar las sanciones administrativas establecidas en el régimen disciplinario de la Policía de Río Negro que correspondiere al personal policial responsable de la comisión de falta disciplinaria grave o muy grave. En caso de cesantía o exoneración, el Tribunal aconsejaría tales sanciones a la autoridad administrativa.
Tendría como función, también, denunciar ante la autoridad judicial competente la posible comisión de delitos cometidos por el personal policial que fuesen conocidos en el ejercicio de sus funciones.
El Tribunal sería integrado por tres miembros, dos abogados sin estado policial y un miembro de la institución con grado de Oficial, que serían designados por el ministro de Seguridad y Justicia.
El proyecto también prevé la creación de la Defensoría del Policía de Rio Negro, que estaría a cargo de un profesional abogado sin estado policial, designado por el ministro de Seguridad y Justicia.
La Defensoría tendría como función garantizar el debido proceso legal del personal de la Policía; ejercer la defensa del personal policial, si no hubiere designado defensor particular, cuando fueren acusados por la auditoría de asuntos internos, o cuando le fuere requerida por el Secretario de Control Policial; entender en los procedimientos jurídico-administrativos del personal policial; y proponer mecanismos de salvaguarda de los derechos del personal de la Policía de de Río Negro.
Según la iniciativa, el personal de la Policía de Río Negro tendría la obligación de prestar la colaboración debida y confeccionar los informes que le requiera la Defensoría del Policía, en cada caso.
Las faltas disciplinarias leves serían sancionadas por el Director de Recursos Humanos de la Policía de Río Negro, de acuerdo con el régimen disciplinario de la institución.
De acuerdo al articulado propuesto, el Ministerio de Seguridad y Justicia debería impulsar la formación de los “Comités Ciudadanos de Control Policial” en cada jurisdicción donde actúe la Policía de Río Negro, a los fines de asegurar la participación ciudadana en el proceso de control y evaluación del accionar policial.
Estos comités se encargarían de auditar y evaluar el desempeño policial; controlar que el servicio policial se desarrolle en el marco de protección de los derechos y garantías constitucionales que les asisten a los ciudadanos; y promover encuentros, asambleas y foros, en los que deberán concurrir los funcionarios/as policiales para que informen a los ciudadanos sobre la gestión que desarrollan.
También deberían observar y mejorar los procesos disciplinarios por faltas policiales; denunciar la corrupción y el abuso de poder en el accionar policial; realizar el seguimiento del desempeño policial en cuanto a gestión administrativa, funcional y operativa, conforme a los reglamentos, protocolos, instructivos y procedimientos vigentes; y contribuir en el diseño, ejecución y evaluación de planes que contribuyan a diagnosticar y mejorar las prácticas policiales.