Ingresó a la Legislatura el proyecto que propone derogar los artículos 4º, 5º, y 6º de la ley que declaró el estado de emergencia institucional, económico, financiero, administrativo y social del sector público provincial.
La iniciativa modifica el tiempo de vigencia del estado de emergencia, que ahora tendría vigencia por un año a partir del día de su publicación.
Son coautores del proyecto los legisladores Ana Piccinini, Marcos Catalán, Sergio Ariel Rivero, Roberto Vargas, Graciela Sgrablich, Alejandro Marinao, Juan Garrone, María Gemignani , Luis María Esquivel, Rubén Torres, Ángela Vicidomini y Rubén López .
El artículo 4º de la ley 4735 establece la sujeción a disponibilidad de todo el personal que revista en la planta permanente del sector publico provincial, durante el plazo de 180 días, contados desde la reglamentación de la ley.
Según los parlamentarios, transcurridos ya más de ocho meses desde la sanción de la norma, y más de cinco desde su reglamentación, “continuamos hoy manteniendo un estado de incertidumbre y, por lo tanto de zozobra, respecto de todo el personal de planta permanente de la provincia de Río Negro”.
“Si bien dicho plazo aún no se encuentra vencido, puesto que el decreto reglamentario fue emitido en fecha 16 de marzo de 2012 y publicado en el Boletín Oficial el 22 de marzo del mismo año, sí lo está, y con holgura, el plazo de 90 días otorgado por el artículo 5º de la misma norma a la Comisión de Transparencia en el Empleo Público, para elaborar y aprobar las estructuras organizativas y plantas de puestos de trabajo del sector público”, explican en los fundamentos.
Para los legisladores del FpV, “la situación de indefinición y desidia descripta anteriormente, tornan aconsejable poner fin a una facultad que en su momento le había otorgado la legislatura provincial al otrora gobernador de la provincia, con la única finalidad, de erradicar a aquellos oportunistas de la política que habían pasado a la planta permanente un tiempo antes de la asunción del nuevo gobierno de manera irregular, esto es, vulnerando las condiciones que fija la normativa que regula dicho ingreso, muchos de lo cuales, es dable resaltar, continúan a su vez hoy, ocupando cargos de responsabilidad política en distintos organismos provinciales”.
Los parlamentarios concluyen que “en el entendimiento que el espíritu de la habilitación legal que oportunamente otorgara la legislatura provincial al Dr. Carlos Soria, tuvo como único objetivo dotar a quien en todo momento expresó clara y concretamente quiénes serían las personas que, luego de un proceso de revisión minucioso, quedarían en un eventual estado de disponibilidad, mas no, como acontece en el presente, el de generar un estado de indefinición “sine die” respecto del conjunto de empleados públicos provinciales, solicitamos el acompañamiento del presente proyecto de ley”.