Ingresó al Parlamento rionegrino un proyecto de ley que propone declarar de utilidad pública y sujetos a expropiación una parcela sobre la que se encuentra el aserradero “La Gloria” de General Godoy, y sus bienes muebles y maquinarias, para cederlos a la Cooperativa de Trabajo Pueblo Unido Ltda.
La iniciativa de Silvia Horne, Graciela Sgrablich y Juan Domingo Garrone (FpV), busca preservar las fuentes de producción y trabajo de los integrantes de la Cooperativa.
Los legisladores argumentan que el proyecto se funda en el reclamo y demandas de los trabajadores de “La Gloria”, teniendo en cuenta que se trata de una empresa en vías de recuperación y que se encuadra en el régimen provincial de la ley de Promoción Económica y Social de Empresas Recuperadas.
En este sentido, indican que el Concejo Deliberante de General Godoy declaró este año la utilidad pública y sujeto a expropiación de los bienes muebles e inmuebles del aserradero, promoviendo la continuidad de la explotación en manos de la cooperativa de trabajo Pueblo Unido, integrada por sus ex trabajadores.
En los fundamentos del proyecto, señalan que la empresa, luego del fallecimiento de su dueño, comenzó a transitar por un período de crisis y conflicto, debido a la imposibilidad de hacer frente a las obligaciones normales del giro comercial, falta de pago a proveedores de insumos elementales, suministro de energía eléctrica y el pago de salarios a los operarios.
Según los legisladores, los trabajadores llegaron a estar más de siete meses sin cobrar, con un alto impacto tanto para la vida familiar de cada uno como para la vida comunal de General Godoy, “que de pronto tiene a más de 150 personas sin su fuente de sustento”.
En este marco, los trabajadores iniciaron medidas ante la Secretaría de Trabajo de la Provincia, a partir de lo cual se conformó un acuerdo en el que la parte patronal se comprometía a no retirar maquinarias de la empresa, salvo que sea necesario proceder a la venta de activos, cuyo resultante debía además ser imputado en forma prioritaria a la cancelación de salarios adeudados.
“Nada de esto sucedió y los trabajadores, en la espera de una respuesta a sus demandas, vieron cómo los titulares del establecimiento lesionaron la fe en el acuerdo y comenzaron a retirar maquinarias de vital importancia para el funcionamiento del aserradero”, describen en los fundamentos.
Indican que como resultado, los trabajadores instalaron una guardia permanente en el aserradero -que continúa hasta hoy- y, a su vez, conformaron la cooperativa de trabajo para reactivar el aserradero como empresa recuperada, entendiendo que “era la única salida posible para recuperar sus ingresos familiares”.
Los parlamentarios afirman que una vez declarada la Utilidad Pública por el Concejo Deliberante y ante la permanencia de los trabajadores en las instalaciones del aserradero, los titulares del establecimiento iniciaron denuncias penales que han agravado la situación, ya que los trabajadores, junto a vecinos y otras organizaciones sociales, han resistido las medidas dictadas en forma cautelar por el Juzgado N°20, “generando un clima de conmoción social que merece una respuesta y una salida desde el poder político”.