La legisladora Susana Diéguez (FpV) presentó un proyecto para instituir una licencia especial con goce de haberes para aquellas personas víctimas de hechos de violencia intrafamiliar que tengan vínculo laboral directo o indirecto con el Estado rionegrino.
Las víctimas podrán hacer uso de una licencia especial con goce de haberes por el lapso que establezca la autoridad judicial y/o los profesionales de la salud intervinientes. El trabajador conservará su empleo durante los períodos que usufructúe la licencia y gozará de las asignaciones que le confieren los sistema de seguridad social.
La iniciativa propone garantizar el derecho a la estabilidad en el empleo a todo trabajador durante el período de uso de la licencia. El mismo tendrá carácter de derecho adquirido a partir del momento en que el trabajador practique la notificación pertinente.
En todos los casos en que se solicite el goce de la licencia, el beneficiario debería elevar la solicitud a la autoridad laboral inmediatamente superior, quien le daría curso, resguardando la debida confidencialidad. Si dicha autoridad, o cualquier ciudadano interviniente en el trámite de forma, violara la confidencialidad que esta ley garantiza, ya sea por acción u omisión, sería pasible de la sanción que el agrupamiento al que pertenezca haya establecido para el supuesto de incumplimiento de los deberes de funcionario público, en un todo de acuerdo con el régimen disciplinario que le competa, independientemente de las acciones legales que el damnificado pudiera iniciarle.
El personal que necesite hacer uso de la licencia, debería acompañar a la solicitud la denuncia ante autoridad policial o autoridad judicial, de los hechos acaecidos, el certificado expedido por profesional de la salud con competencia en la materia, si producto del o los hechos violentos resultare damnificado en su integridad física o mental, en el que debería constar el tiempo aproximado que requerirá apartarse de sus funciones.
También debería notificar nuevo domicilio, para los casos en que deba apartarse temporalmente de su lugar de residencia en salvaguarda de su integridad física o la de su grupo familiar.
Según plantea Diéguez, las denuncias por violencia familiar crecen de manera sostenida: “Sólo en el Juzgado de Familia 7 de Bariloche, a cargo de la jueza Marcela Pájaro, y según datos revelados por la magistrada, se recibieron 380 denuncias en 2011, mientras que en 2012 hubo 427. La cantidad se incrementó el año pasado a 561 casos de los cuales 367 involucraron directa o indirectamente a niños, niñas o adolescentes. Esto habla que un ritmo de casi 2 denuncias por día, sólo en esta circunscripción judicial”.
Desde el Juzgado de Familia 7 indicaron que el 95 por ciento de los casos, las denuncias las interponen mujeres contra sus parejas.
Según datos oficiales de la Oficina de Violencia Doméstica, dependiente del Poder Judicial de la Provincia de Río Negro, los hechos de violencia denunciados entre el 1º de mayo de 2013 hasta el 30 de abril de 2012 suman 2.631, donde el vínculo entre víctima y victimario se cuantifican de la siguiente manera: ex pareja 45,23%; Concubinos 19,61%; Filial 12,92%; Cónyuge 9,54%; Otros vínculos 4,14%; novios 3,12% y fraternal 3%. En el mismo informe se reporta que el 15,70% de los denunciados son de sexo femenino, en tanto que el 84,30% son de sexo masculino.
De la cantidad de casos denunciados, 1.984 corresponden a víctimas adultas y la franja etaria predominante es entre los 20 y 40 años.
Diéguez advierte que “la resolución de este tipo de problemática se topa, muchas veces, con impedimentos a la hora de poder salir del círculo de violencia. Es el caso de los trabajadores que no cuentan con un período de tiempo para resolver estas cuestiones, y, en casos extremos, sobreponerse de lesiones o bien ponerse a salvaguarda de su integridad física y la de su grupo familiar conviviente”.
“Es en estos casos -explica la legisladora-, en los que los trabajadores víctimas de la violencia intrafamiliar deben recurrir a hacer uso de licencias laborales por otros motivos, consecuentes de la razón principal. Se da la paradoja de tener que recurrir a una licencia por razones psiquiátricas, que puede luego ser usada por el victimario para aducir que la víctima no está en sus ‘cabales’ y por ello pretenda sacarle la tenencia de los hijos en común”.
“También es habitual que víctima y victimario compartan el ámbito laboral, situación que profundiza aún más la problemática”, agrega.
La parlamentaria concluye que es “necesario establecer pautas que protejan a las víctimas y su núcleo familiar, en consonancia con las políticas inclusivas que se impulsan desde el Estado Nacional, plasmadas en la Ley de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales”.