Ingresó al Parlamento rionegrino un proyecto de ley que busca actualizar la ley de protección integral contra la violencia en el ámbito de las relaciones familiares, en respuesta a las nuevas modalidades y legislaciones que amplían el concepto tradicional de familia, sustentadas en la complejidad de la realidad actual.
La legisladora Roxana Fernández (JSRN) afirma en los fundamentos que el proyecto pretende profundizar el compromiso del Estado provincial en la ampliación de derechos y definición de políticas públicas destinadas a la protección de las personas víctimas de violencia familiar, optimizando la delimitación de las funciones que le competen a cada organismo responsable en la prevención, protección, contención y tratamiento desde la perspectiva actual.
En este sentido, se toma como marco fundamental a las leyes nacionales de “Protección para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que se desarrollen sus relaciones interpersonales”; de “Matrimonio Igualitario”; de “Identidad de Género”; entre otras.
Fernández explica que se puso en consideración la opinión de los diferentes actores que intervienen en la aplicación de la legislación vigente a lo largo de los años, en relación con la prevención, celeridad a partir de la denuncia, tratamiento, recursos, sanciones, entre otros aspectos.
Considera además que el enfoque integral de la violencia familiar, que involucra aspectos preventivos, educativos, sociales, asistenciales, de promoción, de atención y reparación a las víctimas, es determinante para atender los compromisos emergentes de los tratados incorporados al derecho.
“No puede darse una adecuada respuesta si no existe una integración de recursos que esté facilitada por la formulación de una política global en torno del tema, que coordine simultáneamente acciones en los niveles legislativo, judicial, policial, de salud, de educación, de seguridad social y de empleo”, señala.
Según la legisladora, es necesario profesionalizar las intervenciones en el tratamiento de la violencia, y para ello se propone la creación de equipos de admisión que tendrán la responsabilidad de realizar las evaluaciones pertinentes de todas las personas involucradas en los episodios de violencia con el propósito de conocer las características peculiares y determinar los factores de riesgo y de protección presentes.
Destaca además la importancia de que las actuaciones se realicen en las primeras horas de sucedido el hecho, considerándolas como parte del proceso de intervención. En este marco, plantea la necesidad de que las “operadoras de las primeras horas” cuenten con capacitación específica en la temática, porque la ausencia de prácticas coherentes podrían incidir negativamente en el abordaje de la problemática.