Las legisladoras Silvia Horne, Susana Diéguez y María Gemignani (FpV) presentaron un proyecto de ley para que el IPPV adjudique un cupo de un cinco por ciento de las viviendas que construya en cada municipio a jefas de familia, con hijos menores de 18 años y/o discapacitados a su cargo, que hayan denunciado ser víctimas de violencia doméstica y no posean vivienda propia.
Según la iniciativa, los trámites de inscripción de aspirantes se realizarán en las oficinas municipales correspondientes, desde donde se remitirán los listados al Consejo de la Mujer de la Provincia de Río Negro para que compruebe la situación de violencia doméstica y tenga por acreditado las condiciones que habilita el beneficio.
Las autoras entienden que Río Negro presenta un contexto social donde el déficit habitacional resulta acuciante y destacan que “el derecho a la vivienda digna y adecuada se encuentra ampliamente consagrado en la Constitución Argentina y en la Constitución de la Provincia”.
El proyecto plantea la asignación de un cupo de las viviendas construidas en cada municipio por el Instituto Provincial Para la Vivienda, a mujeres jefes de familia, con hijos menores de 18 años y/o discapacitados que hayan quedado sin hogar como consecuencia de denunciar violencia doméstica.
Las parlamentarias añaden que “la cantidad de asesinatos producto de la violencia machista es de público conocimiento, pero refrescarlos una y otra vez nos obliga a actuar urgentemente en el diseño de políticas públicas” que permitan reducir las cifras que surgen de este problema social.
“Hay ciertas condiciones que la familia debe cumplir para mantener la estabilidad, como las necesidades biológicas (alimentación, vivienda), psicológicas (aprecio mutuo y social), para lo que es necesario una reorganización desde el seno familiar”, apuntan.
Las legisladoras indican que el matratador no sólo procura aislar a la mujer de un entorno social laboral, sino que también “le impide la independencia económica que podría darle la posibilidad de separarse”.
“Al no poseer trabajo, la mujer no puede irse de la casa por no contar con los recursos económicos necesarios. El tercer aspecto que limita la búsqueda de un trabajo es no contar con alguien que cuide a las/los hijas/os”.
“Este trípode sostén de la violencia funciona como un gran freno que imposibilita a la mujer tomar la decisión de salir de la situación de violencia, más aún si no cuenta con un círculo familiar o de amistades que sirvan de contención”, sostienen.
Concluyen argumentando que “la idea que persigue este proyecto no es la de asistencialismo” sino que intenta dar una respuesta por parte del Estado a la necesidad de vivienda a las jefas de familia víctimas de violencia doméstica.