Ingresó al Parlamento rionegrino un proyecto de ley que busca que se realicen estudios médicos y/o bioquímicos anuales y la obtención de un “Certificado Psico-Físico” de forma obligatoria a los funcionarios del Poder Ejecutivo y Legislativo, y a los miembros de la Policía de Río Negro, para desestimar la adicción a drogas ilegales.
Los autores de la iniciativa, Ariel Rivero, Javier Iud y Alejandro Marinao (FPV), expresan en los fundamentos que es deber moral de todo funcionario público tener la capacidad psíquica y la optima condición física para poder desempeñar el cargo que le fue conferido por el pueblo o designado por autoridad competente.
La medida alcanzaría a los funcionarios de ambos poderes hasta la categoría de director, legisladores, y hasta el rango de subcomisario de la Policía.
La propuesta define que los exámenes se realicen en hospitales e instituciones públicas de la Provincia, y que el Ministerio de Salud, como autoridad de aplicación, evalúe la condición psicofísica de cada uno, a través de la Comisión de Juntas Médicas, y elabore el informe respectivo.
Si alguno de los informes diera como resultado un posible deterioro adictivo del paciente, se fijarían las medidas terapéuticas tendientes a su recuperación, encuadrándose en el régimen de licencias vigente.
Los legisladores explican que la iniciativa responde a la ley provincial de Ética e Idoneidad de la Función Pública, en la que se establecen pautas en el desempeño de cargos en el Estado con el fin de resguardar la calidad institucional.
Señalan que los funcionarios comprendidos en esta norma deben garantizar, entre otras cuestiones, la actuación en base a los principios de probidad, rectitud, desinterés personal, dignidad, independencia, y respeto por las leyes nacionales y provinciales.
A su vez, afirman que “no podemos dejar exenta a la Policía de Río Negro, que tiene a su cargo el mantenimiento del orden y la seguridad pública, que actúa como auxiliar permanente de la Administración de Justicia y ejerce las funciones que las leyes, decretos y reglamentos establecen para resguardar la vida, los bienes y derechos de la población”.
Los legisladores aclaran que el proyecto no tiene carácter punitivo, sino que busca garantizar a los ciudadanos el derecho a tener representantes que reúnan las condiciones psicofísicas para desempeñar sus cargos y garantizar la transparencia de sus acciones.