El legislador Bautista Mendioroz (ACD), impulsa, en un proyecto de ley, la agrupación y asociación del personal policial en una organización sindical “de carácter democrático y representativo que tenga por objeto principal la defensa y el mejoramiento de sus condiciones laborales”.
La organización, según la iniciativa, “podrá darse sus propios estatutos ceñidos al principio básico de representación por medio del sufragio igualitario del personal policial, a la absoluta independencia de fracciones políticas partidarias y a los enunciados y limitaciones que quedan expresados en la norma”.
Para ello, “el Gobierno Provincial considerará a dicha entidad como única interlocutora en aspectos laborales y salariales del personal policial y a ese fin será registrada y supervisada por la Secretaría de Trabajo de Río Negro”.
Además, deberá convocar “no menos de dos veces al año, a una mesa de diálogo con la organización en su papel de representante del personal policial a fin de tratar las condiciones laborales y salariales”.
Las asambleas y reuniones convocadas por la entidad sindical “se regirán por los principios democráticos de igualdad y todos los participantes podrán expresarse libremente sin distinción de grado ni antigüedad, con la única limitación que sus expresiones deberán adecuarse a un recato mínimo que no afecte posteriormente el principio de autoridad”.
También apunta a que “la realización de dichas reuniones o asambleas no podrá resentir el servicio de Seguridad Pública”.
A fin de conseguir sus objetivos el sindicato policial “podrá efectuar presentaciones y reclamos administrativos ante la Jefatura de Policía y la Secretaría de Trabajo de la Provincia y presentaciones ante la Justicia Laboral”.
También podrá efectuar ante los medios de prensa declaraciones públicas que se ciñan al reclamo específico y de forma tal que no afecten el principio de autoridad y efectuar concentraciones públicas de personal “fuera de horario de servicio, sin vestir uniforme, sin portar armamento y sin producir alteración del orden público”.
En el ejercicio de sus derechos gremiales, “deberán evitar expresamente acciones o medidas de fuerza que pudieran resentir los aspectos en forma grave el servicio de seguridad pública que tiene carácter irrenunciable, la ocupación de dependencias policiales o edificios públicos; cualquier modalidad de autoacuartelamiento, la interrupción de vías de circulación y el uso de bienes, móviles o equipos de comunicación exclusivamente destinados al servicio de seguridad”.
El proyecto presentado por Mendioroz prevé, asiiso, que “ningún miembro de la organización podrá ser reprendido, sancionado o sufrir represalias administrativas u operativas, directas o encubiertas de sus superiores, por acciones que no estén expresamente prohibidas en la presente y que se hayan efectuado en virtud de la representación del Personal Policial”.
El titular del bloque de la ACD hace referencia a la manifestación realizada durante los últimos días de diciembre de 2013, “cuando los argentinos asistimos azorados a una protesta policial en demanda de mejores sueldos que abarcó prácticamente todo el territorio nacional y dejó gravísimas consecuencias en pérdidas de vidas y bienes”.
“Todos vimos como se iniciaba el conflicto en Córdoba y se extendía a por lo menos veinte provincias del país, incluida Río Negro”.
“Autoacuartelamientos, tomas de comisarías y otros edificios públicos, manifestaciones en uniforme de personal armado, intimidantes desfiles de patrulleros, zonas de hecho liberadas a la delincuencia durante largas horas y en contrapartida ciudadanos armados en defensa de su vida y sus bienes, fueron las preocupantes expresiones de ese conflicto”.
“Sin duda -continuá el autor del proyecto- en todos los casos se cometieron graves faltas a las diferentes leyes y reglamentos policiales y hubo claras situaciones de insubordinación que en algunos casos podrían llegar a considerarse actos sediciosos y extorsivos”.
La solución del conflicto “fue que todos los Gobiernos debieron ceder a las exigencias, incluso muy por encima de las reales posibilidades presupuestarias y financieras ante el temor que la situación se prolongara en el tiempo con el peligro ciudadano que ello acarreaba”.
“¿Era justo el reclamo del personal policial?. ¿El método empleado era adecuado, legal y legítimo?. ¿Puede desconocerse la realidad eternamente o en algún momento irrumpe con violencia?. ¿Hay caminos alternativos?. ¿Debe la dirigencia política prevenir la posibilidad de nuevas situaciones similares?”, plantea Mendioroz entre los argumentos que esgrime en los fundamentos.