Ingresó a la Legislatura un proyecto de ley que busca establecer un régimen general de denominación de establecimientos públicos.
Los autores de la iniciativa, Alejandro Betelú, Alfredo Pega y Bautista Mendioroz (ACD), observan que la Provincia carece de un marco legislativo general para la asignación de nombres a edificios públicos.
Explican que existía un decreto que establecía algunas reglas para la denominación de calles, plazas, obras y edificios públicos, y el desarrollo de determinados tipos de homenajes o reconocimientos en dependencias del Estado, pero que fue derogado por el Poder Ejecutivo el año pasado.
Los legisladores afirman que en la Provincia hay establecimientos públicos que sólo tienen una designación numérica o nombres que es necesario revisar, y también reiteración de denominaciones “en un exceso en los reconocimientos u homenajes a una misma persona”.
Como modelo citan al régimen adoptado por la provincia La Pampa, que “tiene una clara democratización en base a la participación de la comunidad en la designación o redesignación del edificio de que se trate”.
En este sentido, el “principio rector”, establecido en el articulado de la iniciativa, es que la elección del nombre sea mediante mecanismos que garanticen la participación activa de todos los integrantes del establecimiento.
El proyecto plantea como prohibiciones que ninguna institución pueda identificarse con el nombre de quienes hayan sido condenados por delitos de lesa humanidad, hayan sido funcionales a políticas contrapuestas a los derechos humanos o colaborado con gobiernos que cometieron crímenes contra la humanidad.
Tampoco se podrá imponer igual nombre a establecimientos que presten la misma categoría de servicios dentro de la Provincia.
En relación a la revisión de denominaciones, estará sujeto a modificaciones si se comprueba una conducta que hiciera incompatible el concepto sobre la persona que da su nombre al Establecimiento.