Ingresó al Parlamento provincial un proyecto de ley que propone la creación de un Sistema de Prevención y Denuncia Ciudadana (SPDC) en la provincia de Río Negro .
La autoras de la iniciativa, Silvia Paz y Beatriz Contreras (FpV), afirman que con esta propuesta se busca la implementación de acciones integrales que apunten a mejorar la convivencia ciudadana y a poder combatir y prevenir el delito.
Los objetivos del SPDC son instrumentar mecanismos telefónicos y/o informáticos que sirvan para la recepción de denuncias sobre la existencia de sitios y/o personas físicas o jurídicas asociadas a la compra, venta o guarda de objetos robados, venta ilegal de bebidas alcohólicas y de estupefacientes.
En materia de prevención y comunicación, desarrollar campañas de publicidad para concientizar a la población sobre los efectos y consecuencias de la compra y venta de objetos robados, la venta ilegal de bebidas alcohólicas a menores, el comercio clandestino, los efectos nocivos del alcohol y las drogas sobre la integridad de las personas y en especial sobre niños, niñas y adolescentes.
Paz y Contreras expresan en los fundamentos que, para profundizar la lucha contra la inseguridad, es necesario “educar a la población en materia penal y sobre los efectos económicos y sociales del delito, siendo necesario difundir estos conceptos y dejar en claro que adquirir, comprar o tener en guarda objetos robados es un delito”.
El proyecto define que el registro e información de las denuncias debe implementarse utilizando recursos informáticos que garanticen su inviolabilidad y eviten la adulteración de los datos y que se debe asegurar la completa confidencialidad de los denunciantes.
Se establece en la iniciativa que las denuncias recibidas en materia de compra, venta o guarda de objetos robados sean elevadas al Poder Judicial provincial en la jurisdicción que corresponda; las relacionadas con los sitios y/o personas asociadas a la venta ilegal de bebidas alcohólicas, remitidas a los municipios en donde se detecten, con copia ante el Poder Judicial; mientras que las asociadas a la venta y/o tráfico de estupefacientes, a los juzgados de primera instancia de la Justicia Federal con asiento en la Provincia.
Las legisladoras proponen además que la actual estructura del programa 0800-DROGA, implementado por la Secretaría de Seguridad y Justicia, sea incorporado al SPDC.