El legislador Roberto Vargas (FpV) presentó un proyecto de ley que impulsa la aplicación del voto electrónico a partir de las elecciones del próximo año.
En los fundamentos, Vargas afirma que en 2007 Río Negro incorporó al Código Electoral y de Partidos Políticos el capítulo IV, que habilita el sistema de voto electrónico en los actos electorales provinciales y municipales, pero que todavía “no ha sido implementado definitivamente y en su totalidad”.
“Si bien se puso a prueba el sistema desarrollado por la empresa estatal Altec S.E. en las elecciones municipales de San Antonio Oeste y Dina Huapi, parecen no haber resultado suficientes para motivar a la autoridad convocante a avanzar en su implementación en toda la Provincia”, señala.
El legislador considera que el voto electrónico, mediante el Sistema de Urna Electrónica, debe ser entendido como la aplicación de medios electrónicos en el proceso de emisión de sufragio y escrutinio, y que es importante comparar otros sistemas tecnológicos alternativos al de la empresa Altec S.E., para que surja el más adecuado.
Manifiesta además que el sistema tecnológico elegido debe cumplir con el requisito de impresión de ticket cuando el sufragante emite su voto, y que una vez que compruebe la veracidad de los datos, pueda depositarlo en la urna correspondiente a su mesa de votación, bajo el control de las autoridades de mesa.
Finalizado el acto electoral y en caso de haber algún tipo de observación o impugnación de voto o mesa electoral, se podrá abrir la urna y corroborar la exactitud del voto cotejando el resultado con el ticket impreso. Esta metodología permite además al Tribunal Electoral provincial o a la Junta Electoral local realizar auditorias al azar para medir la eficiencia del sistema.
Según Vargas, 2015 es una buena oportunidad para implementar esta tecnología, de acuerdo con la disposición del gobierno nacional del uso de un documento único y digital por parte de todos los habitantes del país, como también por la reciente ley que invita a los jóvenes de entre 16 y 18 años a emitir su voto en las elecciones. “Esta modernización y ampliación de los derechos políticos hacia las nuevas generaciones también debe implicar una adecuada formalidad a sus prácticas y costumbres digitales”, indica.