La legisladora Ángela Ana Vicidomini (FpV) defendió hoy en Cámara el proyecto de ley, cuya autoría comparte con sus pares Graciela Sgrablich y Viviana Pereira, que impulsa la creación de un Registro Voluntario de Centros de Adultos Mayores de Gestión Social.
La norma aprobada hoy en primera vuelta promueve que el Ministerio de Desarrollo Social establezca de modo participativo los criterios generales y comunes para “orientar, analizar y relevar la situación en cada jurisdicción, el encuadramiento legal de las instituciones de atención a los adultos mayores de interés social y gestión privada que regirán para su reconocimiento, autorización, subvención y supervisión”.
A tales efectos el proyecto prevé el establecimiento de “criterios específicos de equidad en el acceso y permanencia en el sistema, la exclusión del lucro, el aporte inequívoco de instalaciones y recursos por las contrapartes no estatales y estrictos mecanismos de supervisión y auditoría que aseguren su impacto positivo sobre la población y sobre la dotación de trabajadores”, en línea con los objetivos de las políticas sociales en marcha en los distintos niveles en que se organiza la acción estatal.
Vicidomini especificó que “en el actual contexto de adultos mayores hay una necesidad y una demanda que está vinculada con los sectores de mayor vulnerabilidad social” y aclaró que este proyecto “está dirigido a quienes se encuentran en situación de desamparo, con el consecuente abandono y la ausencia total de familia, por lo que están a cargo de entidades que se ocupan de su atención a través de hogares de día y de residencias permanentes”.
Aclaró que estos centros de atención se ven limitados en cuanto a “su sustentabilidad en el tiempo por falta de recursos propios, por tratarse de entidades sin fines de lucro y que no cobran ni perciben ingreso alguno porque precisamente atienden personas que están en situación de desamparo”.
“Nuestro proyecto persigue encontrar una solución en la que el Estado tenga mayor injerencia mediante el registro de las entidades, su control y seguimiento, con el fin de eficientizar los recursos que hoy están dispersos, la sistematización de los mismos y una regulación que les permita tener una sustentabilidad en el tiempo”.
Vicidomini expresó la necesidad de otorgarles ayudas no reintegrables para “financiar las retribuciones del personal y la formación de quienes se ocupan de la atención de las personas que se atienden en esos centros” y señaló la situación de “informalidad de quienes trabajan al servicio y cuidado de los adultos mayores que allí se alojan”.
El Registro que propone la norma, indicó la legisladora, “permitirá ir incorporando a las entidades que reúnan los requisitos que la ley establece para que se pase de una situación de entrega económica discrecional a un aporte perfectamente sistematizado”.