El legislador César Miguel valoró los objetivos alcanzados por la Comisión Investigadora Relevamiento Transferencia de Tierras Rurales que hoy presentó su informe final, en un acto realizado en la sala de prensa “Carlos Soria”, de la Legislatura de Río Negro.
La comisión fue constituida en el año 2012 y durante cuatro años tuvo a su cargo el análisis de diferentes denuncias sobre la entrega y venta de tierras fiscales.
“Fue importante lo que pudimos realizar en materia de análisis sobre las irregularidades, aunque nos quedó muchísimo trabajo por realizar”, sostuvo Miguel, quien tuvo a su cargo la presidencia de la comisión.
Además, la tarea concretada “puso en contexto el desarrollo territorial de Río Negro desde el punto de vista histórico y dejamos un trabajo que podrá ser útil para la política pública” del futuro.
Según explicó el legislador oriundo de San Carlos de Bariloche e integrante del bloque del Frente para la Victoria, la comisión analizó 145 casos, tomando en cuenta la Ley de Tierra 279 y la Ley de Derechos de Indígenas. “Pudimos dar dictamen a la mitad de las denuncias y a las restantes las enviamos a la Fiscalía de Estado, para que los interesados puedan continuar el reclamo”, explicó Miguel.
El caso más resonante que debió analizar la comisión fue la venta de 24.600 hectáreas de la Meseta de Somuncurá que el gobierno de Miguel Saiz concretoó a un precio de 9,18 por hectárea. “Pudimos revertir el proceso de venta y después la Justicia confirmó las irregularidades”, destacó el legislador.
Para Miguel, es necesaria la continuidad de una comisión que analice y permita diseñar una política de tierras más equitativa. “Queda mucho por hacer en este plano y también en articular trabajo con el Ministerio de Gobierno, y las áreas de Medioambiente y Agricultura para disponer de una correcta política de ordenamiento”, destacó el parlamentario.
El legislador consideró que el tema de la tierra debe abordarse desde dos puntas bien diferencias. “Hay una dimensión humana que consiste en dar respuesta a los reclamos de los pobladores y por otro lado es necesaria una actitud del estado para llevar adelante una política clara de relevamiento territorial, que permita avanzar en estrategias y avanzar en materia de organización dominial y de justicia en la distribución de tierras” , consignó.
Por último, Miguel aseguró que “la inserción de los conflictos emergentes en trayectorias históricas permite no solo indagar en la dimensión real de las injusticias que debe ser reparadas sino identificar problemas solucionables que llevan muchos años de arrastre” y fundamentalmente “nos abre la puerta a pensar en un futuro de ordenamiento territorial provincia que tenga en cuenta las diferencias regionales y las potencialidades locales”.