En reunión plenaria celebrada esta mañana entre las comisiones de Planificación, Constitucionales y Presupuesto, se dio aprobación a una iniciativa que promueve la prórroga del mandato de la Comisión Investigadora de Transferencia de Tierras Fiscales que preside el legislador César Miguel.
También tuvieron aprobación en este ámbito los proyectos de adhesión a la ley nacional que creó un régimen de promoción de la industria del software que incluye la propuesta de conformar un fondo fiduciario para concretar un emprendimiento similar en el territorio provincial; y la adhesión a la ley nacional que prorroga hasta el 23 de noviembre de 2017 la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras tradicionalmente ocupadas por comunidades indígenas originarias.
Asimismo, dos iniciativas por las que, en el primer caso, se promocionará la habilitación de construcciones con tierra cruda y, por otra parte, la que crea el registro de publicidades rurales para los titulares o arrendatarios de predios rurales linderos a rutas nacionales y provinciales.
César Miguel: “Dar continuidad a la investigación de transferencias de las tierras”
Respecto de la prórroga para el mandato de la comisión de Tierras, Miguel explicó que “se extenderá el plazo hasta diciembre de 2015, con lo que obtendremos un horizonte más amplio para el trabajo que en principio fue por dos años y que nos permitirá proseguir con muchos de los casos que tenemos en estudio y que requieren mucho tiempo de trabajo”.
Relató que “en estos momentos tenemos en tratamiento expedientes que significan 155.000 hectáreas de tierras fiscales transferidas y conforman unos 70 expedientes. De ese total ya hemos dictaminado sobre 82.000 hectáreas con observaciones de irregularidades ya comprobadas”.
Miguel recordó que el trabajo de este Cuerpo “permtió restituir al estado 26.000 hectáreas, en tanto otras situaciones similares se encuentran en la Fiscalía de Investigaciones Administrativas para que las resuelva; ello podría significar que se repita lo que ocurrió con las tierras recuperadas en Somuncura”.
Al referirse a la continuidad de la tarea de la Comisión o a la posibilidad de que éste deje de ser un cuerpo especial para convertirse en uno permanente, reflexionó que la problemática que aitende “no es un tema que se va a agotar en el presente período, según podemos ver el impacto que ha tenido en estos últimos años la cantidad de tierras rurales transferidas”.
El legislador evalúo “que esta provincia cuenta con unas cuatro millones de hectáreas de tierras fiscales, o sea que estamos hablando de casi un 20 por ciento del territorio que sigue siendo de propiedad del estado provincial. Sobre esa superficie hay que trabajar no solamente en la regularización de tierras que en su mayoría están ocupadas por pobladores”.
También “hay que trabajar un programa de ordenamiento que tiene que ver con lo productivo, con lo ambiental, en las que son áreas protegidas, otras que si bien no están declaradas como tales debieran serlo, como es el caso de las nacientes de ríos, de zonas de cordillera, de bosque o en aquellas que requeiren preservar su valor ambiental”.
César Miguel concluyó que “debemos resolver el tema de la tenencia y la regularización (de las tierras), por lo que hemos incroporado el tema de la intervención desde el punto de vista del ordenamiento, de manera coordinada con las áreas de gobierno y los municipios, y entendiendo como “intervención” el dictamen que elabora la Comisión y que luego eleva a la Presidencia de la Legislatura y desde ésta, en la mayoría de los casos, a la Dirección de Tierras del Ejecutivo”.