Las modificaciones propuestas giran en torno a la readecuación de algunas de las competencias asignadas a los Ministerios y Secretarías en la actual gestión de gobierno, procurando que a partir de este nuevo ordenamiento pueda optimizarse la ejecución de las diferentes políticas que el Poder Ejecutivo tiene previstas.
El Poder Ejecutivo tendrá, entonces, los siguientes ministerios:
a) De Gobierno, Trabajo, Modernización y Turismo.
b) De Seguridad y Justicia.
c) De Hacienda.
d) De Obras y Servicios Públicos.
e) De Educación y Derechos Humanos.
f) De Desarrollo Humano, Deporte y Cultura.
g) De Salud.
h) De Desarrollo Económico y Productivo. Artículo
Asimismo, funcionarán con dependencia directa del Gobernador, con rango y jerarquía de Ministerio, dos Secretarías:
a) Secretaría General.
b) Secretaría de Energía y Ambiente.
Ley del IPROSS
Otra iniciativa que contó con el respaldo de los legisladores propicia modificar el artículo 25º de la Ley 2753, de creación del Instituto Provincial del Seguro de Salud (IPROSS).
La modificación tiene como finalidad que todos los aportes y contribuciones se hagan sobre el total de los haberes de los trabajadores estatales provinciales, independientemente que sean remunerativos o no.
La legisladora Marcela Ávila explicó que “el aporte mínimo, fijado hoy en $ 40, debe ser un porcentaje del Salario Mínimo, Vital y Móvil. Eso significa que ningún trabajador podría aportar a la obra social menos de $ 6.200 por mes”.
En ese sentido recalcó que “hoy tenemos trabajadores que mensualmente aportan a la obra social $ 2.600 por todo su grupo familiar primario, lo que desfinancia completamente la estructura”.
Describió la situación del IPROSS como “compleja y crítica por múltiples factores, uno de ellos es el contexto actual nacional, que afecta a todas las obras sociales, y tiene que ver con el comportamiento del mercado de medicamentos tras el fin del congelamiento de precios, que se fueron a las nubes. Estos hechos han resentido las prestaciones en general”.
También mencionó que “El otro gran problema es interno, estructural y financiero”.
Al respecto recordó que el IPROSS “debe funcionar con el 11% de los haberes de los trabajadores estatales (4% de los empleados y 7% el empleador)” e inmediatamente subrayó que esta situación “se ha visto distorsionada cuando se otorgan aumentos no remunerativos en algunos sectores. Ello significa que el aporte por cada uno de esos trabajadores es menor al 4% y provoca a la obra social alrededor del 30 por ciento menos de ingresos”.
“Para salir se necesita tener una certeza de los ingresos que se van a tener y lograr que la totalidad de las remuneraciones de los trabajadores estén sujetas a aportes y contribuciones”, finalizó.